Inicio de la demolición de la cruz que ha sido evitada por los vecinos. / T. V.

Este martes se inició el derribo de la cruz de la Plaza de la Paz de La Vall d'Uxó, tal como tenía previsto el Ayuntamiento. Pocas horas después, un centenar de vecinos encabezados por la plataforma Salvemos la Cruz subieron a los andamios desde los que ya se había destruido parte del monumento, lo que obligó a los trabajadores a detener la obra para evitar males mayores.

A las 11 de la mañana se concentraron alrededor de la cruz varios centenares de valldeuxenses al grito de «queremos la cruz» y «no se toca, la cruz es del pueblo». Leopoldo Peñarroja, miembro de la plataforma, criticó la «imprudencia» del Ayuntamiento por «actuar despreciando la voluntad de los ciudadanos», en referencia a las 13.000 firmas que Salvemos la Cruz recogió para evitar el derribo. Igualmente, Peñarroja señaló que la cruz es «además de un símbolo cristiano, un símbolo de paz, de fraternidad, de futuro, de concordia». «Por lo visto están de moda los amigos de destruir», agregó. «¡Nosotros queremos construir! Y cuando no se tiene en cuenta la fuerza de la razón, entonces se pone en práctica la razón de la fuerza. Eso es lo que ha hecho el consistorio esta mañana absolutamente escondido en sus despachos. No hemos visto comparecer a nadie para darnos amigablemente una explicación».

La alcaldesa de la localidad, Tania Baños (PSOE) no se encontraba en la ciudad, sino que participaba en una reunión de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en Venta del Moro. En su lugar, compareció en rueda de prensa el primer teniente de alcalde, Antoni Llorente (EU), quien indicó que desde sus partidos «saben lo que es protestar públicamente y respetamos que los vecinos se manifiesten». Del mismo modo, agregó que la concentración no estaba autorizada, pero que «cualquier persona es libre de expresar su descontento de manera pacífica y democrática».

Paralelamente, miembros del Partido Popular de La Vall d'Uxó pidieron al consistorio el expediente que autoriza el inicio de la obra. Óscar Clavell, diputado nacional y ex-alcalde popular, señala que «en ese expediente faltan dos documentos: el Plan de Seguridad y Salud y el Acta de Centro de Trabajo». Ambos documentos debe presentarlos la empresa al Ayuntamiento antes del inicio del derribo.

A este respecto, Antoni Llorente aseguró que no saben nada de ningún papel. Igualmente, afirmó que el derribo se detuvo porque «lo primero es la seguridad de las personas». Sin embargo, Llorente aseguró que la cruz se destruirá: «Si hemos esperado 40 años para derribarla, podemos esperar una semana más».

La plataforma Salvemos la Cruz defiende que el derribo es ilegal porque en 1979 se eliminaron los símbolos políticos, y que por lo tanto el monumento cumple la Ley de Memoria Histórica. Por su parte, Llorente dijo que la ley en la que se amparan es la Ley de Memoria Democrática, más exigente, aprobada en la Comunitat el año pasado y que exige la retirada de cualquier símbolo levantado «para vanagloria del franquismo». Según Llorente, la cruz «no es un símbolo religioso. Una cruz cristiana no puede conmemorar al bando ganador de una guerra». El político afirmó que «es un símbolo fascista» y que «no tiene valor artístico: es un pilar de caravista con una cruz puesta encima». Llorente corroboró lo anunciado por el Ayuntamiento hace unos meses: que la cruz se sustituirá por un monumento a la música.

Por otra parte, la Asociación de Abogados Cristianos presentó este martes por la tarde una querella contra Tania Baños, alcaldesa de La Vall d'Uxó, por prevaricación e incitación al odio. Esta querella se suma al recurso administrativo que la asociación ya presentó contra el Ayuntamiento y al recurso que el Partido Popular presentó por vía contenciosa solicitando medidas cautelares para evitar el derribo. La Asociación de Abogados Cristianos también llevó a cabo una campaña de recogida de firmas junto con las que tenía en marcha la plataforma Salvemos la Cruz.

A las ocho de la tarde de este martes se convocaron paralelamente dos manifestaciones: una de la plataforma Salvemos la Cruz y otra de la Brigada Antifascista de La Vall. La primera tuvo lugar frente al Ayuntamiento y la otra en la plaza de la Paz, a apenas doscientos metros de distancia.

« He venido porque no quiero que tiren la cruz. Eso hace ochenta años que está ahí y no tienen por qué tirarla. Si la dejó en su sitio un alcalde comunista, ¿por qué quieren tocarla ahora?», señalaba irritado un vecino que acudió a la concentración. «¿Por qué no tienen que respetar algo que para nosotros es importante?», se preguntaba otra manifestante. « He venido a defender el patrimonio del pueblo. Antes tenía un significado, pero han pasado los años y ahora tiene otro. Es un símbolo religioso de este pueblo», agregaba otra mujer. La cuestión del derribo de la cruz tensa a los valldeuxenses desde febrero, cuando el Ayuntamiento anunció el derribo de la cruz de la plaza de la Paz. La confrontación social se avivó en abril, cuando, ante la aprobación de un presupuesto para remodelar la plaza de la Paz, un grupo de ciudadanos constituyeron la plataforma Salvemos la Cruz para evitar la destrucción del monumento.

Desde la plataforma recogieron 13.000 firmas que presentaron al consistorio la semana pasada: 5.000 en papel, 2.000 a través de change.org y otras 7.000 de la Asociación de Abogados Cristianos.

Una vez disuelta la concentración espontánea en favor de la cruz, un grupo de unas veinte personas con banderas republicanas se reunió en la plaza de la Paz. Hubo algunos gritos en ambos sentidos, pero los cuerpos de seguridad indican que no hubo que lamentar ningún incidente grave. Del mismo modo, por la noche hubo dos concentraciones paralelas: una a favor de la cruz y otra pidiendo su derribo.

Uno de los principales argumentos por los que la plataforma Salvemos la Cruz defiende que no es lícito derribar el monumento se remonta a las primeras elecciones democráticas en La Vall, en 1979. En aquel momento salió elegido alcalde Vicente Zaragoza, del Partido Comunista. Tras plantear en el pleno el derribo de la cruz, esta posibilidad se desechó por 14 votos contra 5. En su lugar, el consistorio decidió eliminar los símbolos políticos de la cruz y cambiar el nombre de la plaza, que era entonces la plaza de los Mártires, por el actual de la plaza de la Paz. Por ese motivo, la plataforma considera que el monumento no incumple la ley de Memoria Histórica, ya que no contiene símbolos políticos.

Antoni Llorente, primer teniente de alcalde, calificó la acción de Zaragoza en 1979 como «una medida mucho más atrevida que la que hemos tomado hoy. Esa medida se tomó hace cuarenta años, pero hemos de seguir caminando». El derribo de la cruz, dijo Llorente, se enmarca dentro de una serie de acciones que el equipo de gobierno ha tomado para «cerrar la etapa más oscura de nuestra historia reciente», y que incluyen la eliminación de dos escudos franquistas, el del edificio de Correos y el de la Capilla de la Virgen de los Desamparados, este último destruido por el obispado, o el cambio del nombre de algunas calles. Sobre la polémica de la cruz el obispado de Segorbe-Castellón ha evitado pronunciarse, a diferencia del caso de la capilla de los Desamparados.